La procuradora general de la República proclamó que su gestión se enfoca en la
persecución de los crímenes, delitos y en particular en la corrupción administrativa, como una forma de garantizar la seguridad jurídica en el país.
Miriam Germán afirmó que la seguridad jurídica impone deberes a los poderes públicos, para garantizar la libertad, la igualdad, así como crear un clima social que propicie la libre empresa y la inversión extranjera en el país.
Explicó que el aseguramiento de la seguridad jurídica requiere de una persecución penal racional y exige contar con un sistema judicial independiente, en el que no existan injerencias e intromisiones de ningún tipo.
«Quisiera destacar que bajo mi gestión se han hecho importantes esfuerzos para investigar y perseguir los grandes, y no tan grandes, casos de corrupción que han afectado de manera grave el patrimonio público, siempre en estricto apego del debido proceso», afirmó Germán, durante una ponencia en la Cámara Americana de Comercio de Santiago.
Papel de fiscales
La Procuradora General de la República citó que los fiscales deben acatar el Derecho imperativo, actuando como actores del sistema y dejar de lado las soluciones populistas, pero sin ignorar las pretensiones de la ciudadanía.
«El fiscal puede escuchar lo que gritan desde las gradas, pero debe tomar una distancia prudente, para ejercer la acción penal de manera cuidadosa y respetando las garantías del debido proceso, en aras de asegurar mayor credibilidad y obtener resultados cónsonos con los valores del Estado de Derecho», alertó la magistrada.
Sostuvo que el reto del Ministerio Público es procurar justicia conforme a Derecho, los reclamos de la sociedad, pero sin dejarse arrastrar por la arbitrariedad o el abuso de poder.
Recursos Insuficientes
Durante su discurso ante representantes comerciales de Santiago, la funcionaría judicial reveló que esta lucha contra crímenes, delitos y la corrupción administrativa implica costos elevados.
«El diseño de la estrategia de persecución que se adopte debe tomar en cuenta este impacto económico en el presupuesto institucional. Dicha consideración adquiere aún más relevancia en contextos como el actual donde el presupuesto público debe administrarse con mucha cautela, pues las instituciones del sector justicia suelen contar con recursos limitados», lamentó.
En ese sentido, la magistrada Germán dijo que debido a esta limitación de recursos «la pena, con todas sus consecuencias y su alto costo, tiene que reservarse para los casos de mayor gravedad, en donde sea imposible aplicar cualquier mecanismo alterno».
“Darles por donde más les duele»
Dijo que la nueva concepción del delincuente es diferente al delincuente tradicional, con práctica y estructura profesional avanzada, por lo que recibe el nombre de “delitos de cuello blanco”.
La funcionaria destacó que debido a las distintas modalidades de delincuencia, el sector judicial ha tenido que hacer cambios en la investigación, para atacar los distintos comportamientos del fenómeno como si se tratara de narcotráfico o el crimen organizado.
«Todo lo antes expuesto, nos conecta con la idea de persecución penal estratégica, es decir, la priorización de los tipos que se van a perseguir, seleccionando aquellas acciones que en mayor medida contribuyan a desarticular estos entramados, en lenguaje llano: “darles por donde más les duele”.
No obstante, la doctora Miriam Germán reiteró que la inteligencia criminal es costosa y por falta de recursos, en el sector judicial deben establecerse prioridades porque no basta contar o no con un software moderno, sino también personal con capacidad técnica.
