Aduana desvincula a Milton Cordero «Lechuga», tras ser mencionado en «Caso Medusa»
En expediente del MP salió a relucir un presunto vínculo del comunicador con Jean Alain
SANTO DOMINGO.-El comunicador Milton Cordero alias Lechuga fue desvinculado este viernes de la Dirección General de Aduanas, luego de ser mencionado en el expediente acusatorio contra el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez y demás implicados en el denominado caso «Medusa».
Cordero se desempeñaba como coordinador de prensa de Aduanas, y también devengaba un salario de RD$75,000,00 pesos mensuales en la Procuraduría General de la República, como coordinador en la Coordinación Nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria.
Sin embargo, «Lechuga» nunca desempeñó el cargo citado en la Procuraduría, aunque sí cobraba.
Además, siempre de acuerdo con las autoridades, el comunicador figura como accionista de una de las empresas investigadas y que ofrecía servicios a la Procuraduría General de la República.
Además de Rodríguez, en el caso Medusa están implicados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
La solicitud de medida de coerción fue pospuesta para el próximo jueves a solicitud de la defensa.
Qué dice la acusación
En el documento con la solicitud de medida de coerción al exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes se indica que los imputados utilizaron la Procuraduría para distraer cuantiosas sumas de dinero y formaron un concierto de voluntades para cometer actos contrarios a la ley, trasgrediendo el fin esencial del Ministerio Público, que es el de perseguir y de implementar la política contra el crimen.
Entre los perjuicios enlistados que el Ministerio Público atribuye al exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores al Estado figura la eliminación de las principales fuentes de información de la organización con el objetivo de destruir evidencias de los hechos cometidos, lo que ha derivado en pérdidas irreparables de información en áreas como Extradiciones, Bienes Incautados y Antecedentes Penales.
También la creación de empresas a través de testaferros para venderle a la Procuraduría en violación a la Ley de Compras y Contrataciones y la Ley de Lavado de Activos.
Según la cintila, o avance de imputaciones, depositada ante la magistrada coordinadora de los juzgados de la instrucción, la sede de la Procuraduría fue convertida en un centro de envase y distribución de ron que era utilizado en la campaña para la elección del candidato presidencial del PLD en 2019, la escogencia de alcaldes y regidores y la campaña presidencial de 2020.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa les atribuye, además, la destrucción de evidencias en un gran operativo de trituración en la etapa de transición de 2020, hecho que ha privado a la Procuraduría de parte de su memoria histórica. “Incineraron documentos de la Procuraduría sin dejar actas ni constancia del proceso”, se señala.
Colaboradores
Los colaboradores del exprocurador que están siendo persguidos son Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Empresa Desarrollo, Individuo & Organización (DIO).
De acuerdo con el Ministerio Público, antes de ser designado procurador Jean Alain había estado, desde 2012, al frente de CEI-RD, desde donde llevó a sus principales colaboradores, entre ellos los coimputados Rafael Stefano Canó Sacco, director de gabinete; Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, director general administrativo del Ministerio Público; Alfredo Alexander Solano Augusto, subdirector financiero, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la Información.
Centro de operaciones
Según el Ministerio Público, el grupo, liderado por Jean Alain, convirtieron a la Procuraduría General en un centro de operación de la estructura criminal para estafar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.
