Opinión

La Ley de Fideicomiso y la institucionalidad democrática

Por: Luís Jiménez Burgos

El fideicomiso es una figura conceptual jurídica-económica establecida en la Edad Media en el Derecho Anglosajón, cuya finalidad, en sus inicios, fue crear una doble titularidad para que una persona pusiera su fortuna en manos de un tercero, quién la administraría después de su muerte, bloqueando el derecho de disposición de sus herederos. En su evolución a la época actual, ha tenido otras diversas utilidades, sobre todo en los llamados paraísos fiscales, entre éstos citamos el uso para evadir cobros de créditos exigibles, para evitar el pago de compromisos fiscales de las autoridades de donde provienen estas fortunas, y también para la inversión privada, y excepcionalmente pública, en los países cuyas legislaciones lo contemplan.

Ante todo, debo precisar que en el presente artículo pretendo enfocarme en aspecto que subyace en la intencionalidad política de los objetivos del Ejecutivo, o más bien, de las fuerzas foráneas ocultas que podrían estar interesadas en la instauración de este tipo de mecanismo en nuestro andamiaje institucional. Quiero destacar que este análisis aspira llamar la atención especialmente de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que son mayoría congresual, de la gravedad del asunto, ya que estarán en la disyuntiva de decidir entre el bienestar democrático y la soberanía nacional o los intereses foráneos.

En lo que tiene que ver con el sometimiento hecho por el gobierno para aprobación de una ley marco de fideicomiso que actúe como superestructura privada de inversión en servicios y proyectos del Estado dominicano, más que referirnos a los aspectos técnicos negativos, contradictorios o antijuridicos, que son muchos y que ya han sido señalados por la oposición política, así como por connotados expertos de diversas ramas jurídica-administrativa al examinar esta pieza.

Quien subscribe el presente análisis, entiende pertinente abordarlo desde el enfoque político, para lo cual es necesario mencionar que en varios de nuestros artículos ya hemos sido críticos de algunas de las iniciativas del mandatario que van en esta dirección, siempre en interés de advertir a los sectores políticos y fácticos de la nación de la peligrosidad para la institucionalidad democrática, que pueden traer como consecuencia algunas propuestas del actual mandatario.

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En mis ponderaciones debo traer a colación algunas citas que ilustran el reiterado proceder del presidente Abinader en presentar proyectos que trastocan los cimientos del ordenamiento jurídico-institucional y que podrían encausar nuestra democracia por los senderos que han recorridos algunos países de la región que vamos mencionar, por ejemplo, en nuestro artículo de fecha 28 de marzo del 2022, títulado: La independencia de los Poderes Públicos «Mito o Verdad», en el cual analizamos el Proyecto del presidente Abinader de modificar la Constitución de la República con la intención de establecer una supuesta independencia de funcionarios públicos, entre ellos la del Contralor General de la República, la del presidente de la Cámara de Cuentas y la del Ministerio Público, explicamos en ese análisis los peligros para el país de esta iniciativa y planteamos, entre otras cosas lo siguiente:

«En lo concerniente al Poder Judicial, si desvinculamos al Ministerio Público totalmente del Poder Ejecutivo, en el afán de su supuesta independencia, estaríamos creando otro estamento de poder constitucional, que añadiría un Cuarto Poder al Estado, por lo que ya no tendríamos la trilogía que consagra nuestra Carta Sustantiva, sino cuatro poderes. Además, los tres poderes que hoy existen perderían estos su sentido de contrapeso que hoy exhiben, y en vez de complementarse, correrían el riesgo de confrontarse, como ocurre en algunos Estados suramericanos, en cuyo ordenamiento democrático la Constitución está dotada del germen de la inestabilidad, que hace permeable los poderes del Estado a los intereses grupales o sectoriales, sobre todo, debilita al Poder Ejecutivo legítimamente elegido por el pueblo».

La independencia de los poderes públicos en la democracia; ¿Mito o verdad?

 

Debo expresar que acontecimientos políticos acurridos porterior al artículo citado, confirman lo planteado en esta tesis; hace unos días el Congreso y las Fuerzas Armadas del Perú, haciendo uso de su «independencia», destituyeron al presidente Pedro Castillo, sumiendo hoy a esa nación en una crisis política sangrienta. Por otro lado, la justicia argentina, en contubernio con la derecha empresarial argentina, condenó a prisión e inhabilitó a la vicepresidente Cristina Fernández, incubando otra crisis política en esa nación del Cono Sur.

Las pretenciones del presidente Abinader, de establecer la figura del Fideicomiso para la inversión en el sector público en proyectos vinculados a instituciones del Estado dominicano a través de una ley marco independiente de las reglamentaciones existentes y con autonomía propia, además de que es extemporáneo en la actual coyuntura histórica del desarrollo sociopolítico y económico de país, puede ser perjudicial para los sectores empresariales nacionales y para la soberanía y la democracia de nuestra Nación. Decimos que como está concebida esta ley perjudica al empresariado nacional, poque la misma le permite a las grandes comporaciones multinacionales invertir, vía esta figura, en cualquier renglón de la sociedad y la economía del país, sustituyendo y poniendo en desventaja competitiva al sector nacional, cosa que no ocurre con el uso que tiene esta figura en la actualidad. En este mismo orden de ideas, y más importante aún, es que como está concebida dicha pieza es un engendro que podría ser usado para crear proyectos socioeconómicos en el sector público que lesionen nuestra soberanía. Nos referimos a que cualquier corporación poderosa, por iniciativa propia o en cumplimiento de agendas extrañas a los interese nacionales, podría controlar nuestra soberanía económica vía esta figura e incidir en nuestro destino como nación; esto ya ha ocurrido con otros países de la región.

Mis afirmaciones podrían parecer exageradas y tremendistas sino fuese porque la experiencia del pasado reciente nos muestra que el caso de Odebrech fue utilizado por poderes internacionales para barrer con las cúpulas dirigenciales políticas y empresariales, e incluso eclesiásticas, de varios países latinoamericanos, siendo el nuestro uno de los pocos países que sobrevivió a ese tornado imperial, lo cuál se debió, en mi opinión, a la naturaleza de nuestro régimen político y jurídico, y a la conformación del liderazgo político dominicano.

Por otra parte, si revisamos el proceder de algunos gobiernos progresistas de América Latina, veremos que han eliminado los fideicomisos que han encontrado, porque lesionan su soberanía y han sido un vehículo por medio del cual el empresariado nacional e internacional corrupto se apropia de las riquezas de los pueblos, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eliminó unos 280 contratos de fideicomisos a través de los cuales el empresariado internacional controlaba las principales mineras energéticas del Estado azteca, enriqueciéndose ellas y empobreciendo al pueblo mexicano; con igual proceder actuó la presidente Xiomara Castro de Honduras, quien eliminó de un plumazo 70 fideicomisos que esquilmaban las riquezas de su país y mantenían empobrecido a su pueblo, en beneficios de empresarios extranjeros.

Finalmente, quiero recalcar que el presidente Abinader gobierna en consonancia con su naturaleza empresarial, pero la presente iniciativa puede ser una herramienta perturbadora de nuestra democracia.

El autor es Jurista y estudioso del derecho internacional.

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